El mapa de la discapacidad en España, el más completo hecho hasta ahora, refleja avances (medio millón de personas más que hace una década cuenta con un servicio social o sanitario), y puntos negros: 226.800 personas que consideran que necesitan ayuda para realizar alguna actividad cotidiana, no la han recibido, y sólo el 28% de los que están en edad laboral tiene un empleo. Todo ello dentro de un colectivo que aún encuentra grandes dificultades para acceder a la educación superior.
La encuesta de discapacidad realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y presentada ayer por la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, también refleja cuestiones que requerirán de un futuro análisis (por qué en Galicia el 11% de la población tiene discapacidad y en La Rioja un 6,1%) y otras que han dejado perplejos hasta a los propios colectivos del sector: nueve de cada 10 encuentran barreras en su vida cotidiana, pero esa misma cifra se siente perfectamente integrada y no percibe discriminación (un 1,2% sí la siente constantemente).
El trabajo, para el que se encuestó a más de 90.000 familias entre noviembre de 2007 y febrero de 2008, concluye que 3,85 millones de españoles afirman tener algún tipo de discapacidad: el 8,5% de la población. La mayoría de ellos tiene más de 65 años (2,2 millones) y tres de cada cinco son mujeres. Se trata de respuestas subjetivas, por lo que resulta complicado establecer una relación directa entre sus resultados y el desarrollo de la Ley de Dependencia: el Gobierno calculaba durante el trámite de la norma que 1,3 millones de personas tendrían derecho a prestación y, según el estudio, 2,8 millones consideran que tienen dificultades para realizar actividades cotidianas. Aún así, según Jiménez, la encuesta es "un instrumento valioso" para ver tanto los avances como los puntos que aún hay que mejorar.
Para empezar, el porcentaje de personas con discapacidad se ha reducido desde 1999 (del 9% de la población al 8,5%) y el número de las que reciben algún servicio de ayuda para sus actividades cotidianas ha crecido hasta 2,2 millones. Sin embargo, 226.000 dicen que lo necesitan pero no lo han recibido, casi un tercio porque en el momento de la encuesta estaban en lista de espera, otro 21% porque no puede pagarlo y el mismo porcentaje, porque no cumple los requisitos establecidos. Un 15% más no tiene cerca un servicio a su alcance. En general, la mayoría de las personas que la recibe están satisfechas con la ayuda (64%), pero un 31% asegura que no es suficiente. Por comunidades autónomas, las más insatisfechos son La Rioja y Canarias, con un 15% de personas que afirman carecer de ayuda a pesar de necesitarla. Ese porcentaje está en torno al 2,7% en el País Vasco y Castilla-La Mancha, y en el 1,1% en Asturias.
Por otro lado, los dos millones de cuidadores que se hacen cargo de personas con discapacidad ven también afectada su salud y su vida personal. Más de 430.000 se sienten deprimidos y 223.000 dicen que ha tenido que ponerse en tratamiento para poder llevar la situación, aunque casi 454.000 no tienen ningún problema. El perfil del cuidador principal es el de una mujer entre 45 y 64 años y su mayor dificultad es la falta de la fuerza física necesaria para realizar los cuidados.
Pero más allá de los cuidados, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras sociales. Para empezar, el acceso al empleo: si hay 1,48 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, un 28,3% lo hace (más de dos tercios de ellos tienen discapacidades auditivas o visuales) y un 7,2% está desempleada. El presidente del INE, Jaume Villar García, ha anunciado durante la presentación del estudio que a partir de 2011 la Encuesta de Población Activa (EPA) incorporará un módulo de discapacidad.
Al menos en parte, las dificultades laborales se deben a su reducido acceso a la educación superior. Si el 24,1% de la población general de 25 a 44 años tiene un título universitario, ese porcentaje entre el colectivo discapacitado es menos de la mitad, del 10,5%. Ese mismo desnivel con los títulos de FP de grado superior es del 11,4% al 5,6%. Además, el 8,6% de las personas discapacitadas no sabe leer.
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